Una de las primeras acciones del nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, consistió en modificar la ley de medios de comunicación, aprobada en 2009 durante el mandato de su antecesora Cristina Fernández de Kirchner. Por decreto, el mandatario disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Aftic), que serían reemplazadas por un organismo conjunto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

En entrevista con DW, el profesor Philip Kitzberger, de la Universidad Di Tella, dice que la antigua legislación tenía “problemas” y “defectos” que debían ser revisados. Sin embargo critica que los cambios a la ley de medios de comunicación se hayan hecho por decreto. “La aplicación, la gestión de la Afsca tenía aspectos criticables, era una aplicación selectiva. Pero esa revisión hubiera sido buena plantearla en un debate parlamentario y no por un decreto a puertas cerradas”, sostiene.

Ley de 2009 “restringió libertad de prensa”

Olaf Jacob, director de la oficina argentina de la Fundación Konrad Adenauer, también cree que hubiera sido “más elegante hacerlo a través de una sesión extraordinaria del Parlamento”. Sin embargo, dice entender la “urgencia” del Gobierno de Macri de modificar la ley de medios de 2009 por medio de un decreto.

Según Jacob, esa ley kirchnerista “restringió considerablemente la libertad de prensa”, por ejemplo en lo que respecta a la distribución de la pauta oficial (fondos públicos destinados a la publicidad del Gobierno, que en 2015 sumaron unos 3.214 millones de pesos argentinos, unos 230 millones de dólares, según la Fundación LED, "Libertad de Expresión y Democracia", de Buenos Aires) y el hecho de que el presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, incumpliera las normas, puesto que "no se trataba de una persona independiente al ser miembro de un partido".

El experto de la Fundación Konrad Adenauer recuerda, además, que, de no disolverse el Afsca, Sabbatella hubiera seguido en su cargo hasta 2017, bloqueando “la democratización de los medios de comunicación tras la ley de 2009”.

Dependencia del poder Ejecutivo

Kitzberger dice, sin embargo, que la política de telecomunicaciones ha pasado a depender ahora directamente del presidente: el Enacom “fue creado como un organismo regulatorio donde el poder Ejecutivo posee mayoría propia; son siete miembros, cuatro de los cuales los designa el Ejecutivo”.

Para Kitzberger, el decreto de Macri elimina los límites a la concentración de la propiedad de medios y beneficia al grupo Clarín, la mayor corporación de medios de Argentina.

“Estamos en una especie de limbo”

Ayer lunes (11.01.2016) dos jueces argentinos aceptaron recursos de amparo que dejan sin efecto los decretos del presidente Macri. No obstante, la batalla en torno a la ley de medios no ha finalizado. Kitzberger está convencido de que el Ejecutivo interpondrá alguna apelación. “Hoy estamos en una especie de limbo en función de esta judicialización de este conflicto”, dice.

Por Viola Traeder