Con más de 100 firmas se presentó un documento de convergencia plural denominado “Drogas: Una Iniciativa para el Debate”. En una campaña presidencial escasamente propositiva, las drogas han sido objeto de referencia de los principales candidatos. En ese marco, las alternativas no pueden ser el no hacer nada frente al tema o militarizar el tratamiento del narcotráfico. Lo primero es ingenuo y desacertado; lo segundo es funesto y peligroso. Pero, ¿qué significa la militarización del fenómeno de los narcóticos? El término remite a distintas prácticas. En primer lugar, se la ha entendido como una imposición exógena. Domésticamente, la ley de Posse Comitatus de 1878 en EE.UU., prohíbe a las fuerzas armadas ejercer atribuciones propias de los cuerpos de seguridad en materia de orden público como la policía. Sin embargo, en la periferia Washington ha estimulado la participación de los militares en la lucha contra los narcóticos. Para ello, ha brindado una asistencia militar y policial masiva a América Latina. Solo entre 2000-12 se asignaron U$S 14.000 millones; de los cuales U$S 11.600 millones se destinaron a combatir la oferta de drogas. A su vez, para el Comando Sur el combate contra el crimen organizado transnacional es un foco de atención primario. 

En segundo lugar, se ha entendido la militarización como la persecución del negocio de las drogas; en especial, de las plantaciones. En el arco andino, Guatemala y México, ello ha conducido a recurrentes victorias pírricas en el contexto de una derrota estratégica: las fuerzas armadas no ha erradicado definitivamente en ningún país las áreas sembradas de cannabis, coca y amapola, ni destruido completamente los laboratorios móviles o fijos que convierten esos cultivos en marihuana, cocaína y heroína. En tercer lugar, se ha entendido la militarización como el involucramiento en la lucha contra la criminalidad organizada. En México, Amnistía reportó un incremento del 600% de las violaciones de derechos humanos entre 2003-13. Honduras creó la Policía Militar del Orden Público y sigue siendo el país más violento en la región: 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El Salvador creó Brigadas Militares de Elite en entornos urbanos con resultados magros respecto a las drogas y letales en cuanto a violencia. En cuarto lugar, se ha entendido la militarización como el establecimiento de leyes de derribo de avionetas. Bolivia, Brasil, Colombia, Honduras, Perú, Paraguay y Venezuela cuentan con esa legislación pero ello no ha tenido un efecto disuasivo contra el narcotráfico: en esos países ha crecido el consumo de drogas, el número de pandillas y las rutas de tránsito. Así, antes de precipitarnos a militarizar el manejo del fenómeno de las drogas es imperativo estudiar y discutir líneas de abordaje más responsable de una cuestión que genuinamente inquieta a los argentinos. 

(*) Director del Depto. de Ciencia Política y Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella