A medida que se aproxima la fecha del cambio de gobierno y flaquean las reservas líquidas del Banco Central, los candidatos presidenciales -y en especial, sus asesores económicos- miran con malos ojos el eslogan Patria o Buitres, que tan buenos réditos políticos le aportó al gobierno de Cristina Kirchner, pero dejó a la Argentina empantanada en la banquina del financiamiento externo y dependiendo del auxilio de los swaps chinos.

Por lo pronto la novedad es que, con matices, todos comienzan a hablar del conflicto con losholdouts y abandonan el genérico "buitres" para englobar al 7% de los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda. También de la necesidad de negociar una salida para el default parcial de la deuda, precipitado tras el desacato de CFK al discutible fallo del juez Griesa, que la Corte Suprema de los Estados Unidos dejó firme en 2014. De hecho, tampoco desde entonces pueden cobrar los tenedores de títulos bajo legislación extranjera que aceptaron la reestructuración. Ocurre que, con el actual statu quo, será difícil conseguir crédito externo a tasas razonables para respaldar el arranque de un nuevo programa económico. Hasta Daniel Scioli terminó por admitirlo en estos días; sólo que a través de declaraciones sucesivas de sus colaboradores más cercanos (Juan Manuel Urtubey, Miguel Bein, Mario Blejer y Alberto Pérez).

La cautela de Scioli corrobora sus límites políticos para contradecir al relato kirchnerista. Sin ir más lejos, en el primer reportaje que concedió en julio al diario Página 12 como su flamante compañero de fórmula, Carlos Zannini había admitido implícitamente que si alguien intentara pagarles a los buitres habría una reacción popular. "Las leyes argentinas impedirían un acuerdo", advirtió entonces, no sin antes prevenir que lo que digan sus asesores no compromete al candidato oficialista.

En esta tarea de preparar al frente interno para una futura negociación, que no será sencilla ni rápida, Mauricio Macri recibió una andanada de críticas oficialistas cuando hace un tiempo dijo estar dispuesto a discutir una fórmula de pago a largo plazo. Luego optó por invertir los términos y prometer el fin inmediato del cepo y la unificación cambiaria si llega a la presidencia. Más prudente, Sergio Massa habló de un plazo de 100 a 180 días. Pero en ambos casos está implícita la idea de buscar, más temprano que tarde, un punto final al conflicto con los holdouts.

El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que rechazó la pretensión de Griesa de declarar embargables los activos del BCRA, significa un alivio para el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo. No tendrá que negociar bajo la presión de embargos de reservas. Además ratifica la independencia de criterio con que se mueve la justicia de Manhattan frente a distintas demandas. Incluso, al declarar que el BCRA no es álter ego del gobierno, el tribunal privilegió el aspecto formal y legal. Si hubiera reparado en el funcional y político la conclusión habría sido diferente: durante el segundo mandato de CFK, el BCRA pasó a ser una virtual dependencia de la Casa Rosada y del Ministerio de Economía. Ya lo era desde comienzos de 2010, tras el ruidoso desplazamiento de Martín Redrado. La prueba más reciente es la remoción de dos directores que no avalaron el descabezamiento de la cúpula del HSBC sin un pronunciamiento previo de la justicia local, en la causa abierta por presunto lavado de dinero. Otra fue, meses atrás, la inhabilitación del CEO del Citibank cuando la entidad acordó con el fondo buitre NML no apelar el fallo de Griesa.

El paulatino viraje de los presidenciables en este tema hasta ahora tabú tiene una justificación económica, pero también política. Cualquiera que gane necesitará dólares, ya sea para levantar o flexibilizar gradualmente el cepo cambiario, que mantiene clausurado el ingreso de capitales y de inversiones extranjeras. La vía más rápida para obtenerlos sería volver a colocar deuda en los mercados externos, pero está bloqueada por el conflicto con los fondos buitre. El objetivo político es atenuar el costo de las medidas que se adopten para "administrar el ritmo" (según el equipo de Scioli) y de aplicar (según el de Macri) las correcciones a los principales desequilibrios macroeconómicos (déficit fiscal y externo, emisión monetaria, distorsión de precios relativos) que se traducen en una inflación alta, pero a la vez reprimida por el fuerte atraso cambiario y tarifario. Claro que, en uno u otro caso, los montos, plazos y costos dependerán en última instancia de la consistencia y credibilidad del aún difuso "plan económico integral" que prometen para después del 10 de diciembre. Y, además, qué ocurrirá con la ley de pago soberano, que no deja margen de negociación. De todo esto dependerá también que reaparezcan o no en la superficie parte de los dólares (no menos de 180.000 millones) atesorados por argentinos en el país y el exterior.

Desde un enfoque académico, el economista Juan José Cruces, profesor de la Universidad Di Tella y autor de un libro sobre el tema de próxima aparición, desdramatiza la negociación con losholdouts. "De un álbum de 100 figuritas, nos faltan sólo 7 para completarlo y conseguir la pelota. Económicamente, el beneficio de llegar a un arreglo excede largamente su costo", afirma. No obstante, al disertar como invitado en el ciclo mensual del Estudio Broda juzgó crucial la forma en que se negocie. Según el tipo de acuerdo que se logre requerirá emitir bonos por un valor presente de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares (entre 2% y 4% del PBI), a pagar en 10 años. También explicó que en el período 1976/2010, más de la mitad de los litigios con holdouts en el mundo concluyeron con arreglos extrajudiciales que implicaron no pagar el total de lo reclamado.

Mucho más escéptico es Guillermo Nielsen, ex secretario de Finanzas que tuvo a su cargo la reestructuración de la deuda y actualmente integra el equipo de Massa. "La negociación va a ser mucho más dura de lo que se piensa", vaticina. A la vez explica que la legislación argentina impide a los funcionarios firmar acuerdos extrajudiciales. Otro escollo para abrir la puerta del crédito.

Por cierto que el endeudamiento externo no tiene buenos antecedentes en la Argentina. No es lo mismo endeudarse para corregir problemas económicos a corto plazo y financiar obras de infraestructura a largo plazo, que hacerlo para postergarlos y salir del paso. Quizás aquí convenga recordar de antemano una lúcida definición del economista Orlando Ferreres: "En la Argentina festejamos los créditos y lloramos las deudas".

Por Néstor O. Scibona