Siete fuerzas políticas diferentes triunfaron en las siete provincias que tuvieron elecciones primarias y/o generales durante 2015 y hasta hoy: el Frente Justicialista Renovador para la Victoria (Salta), Pro (ciudad de Buenos Aires), el Movimiento Popular Neuquino, Cambia Mendoza, Chaco Merece Más, Juntos Somos Río Negro y, con cifras todavía cuestionadas, el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe.

Claro, detrás de la diversidad y vaguedad de estas y otras etiquetas electorales a veces se esconde un actor común (especialmente, el Partido Justicialista). Pero el hecho central persiste: la Argentina bipartidista es historia. En estas y otras elecciones recientes los partidos relevantes cambian de provincia a provincia. El hecho de que el principal partido argentino (y también la UCR) a menudo decida no usar su nombre tradicional (Justicialista) ni su reciente apodo K (Frente para la Victoria) refleja e impulsa esta reciente pero ya acentuada desnacionalización del sistema de partidos.

Dos importantes elementos del pasado persisten. Uno es la fortaleza del PJ/FPV. Fue un competidor importante en las siete elecciones, aunque sus muchas derrotas (en la CABA, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe) invitan a no sobrestimar su vigor. El segundo es la fortaleza de los oficialismos provinciales, que desde 1983 han retenido las gobernaciones en más del 80% de las elecciones. Esto ha ocurrido este año en cinco de las seis provincias con resultados indiscutidos. La excepción es la derrota del gobernante FPV en las PASO mendocinas.

Estudios académicos recientes confirman la existencia de una "ventaja del oficialismo" en nuestras provincias. La visibilidad y los medios materiales que otorga el control del Estado son un potencial activo electoral, especialmente cuando el uso de los recursos públicos en las campañas es habitual, aún si ilegal.

La ventaja del oficialismo, sin embargo, puede ser pequeña o grande, dependiendo de una importante característica provincial que he denominado "rentismo fiscal". Existen en la Argentina, simplificando, dos tipos de provincias: 1) las "normales", en las que los gobiernos se financian con impuestos propios y con transferencias federales de magnitud similar a (o menor que) lo que aportan en impuestos nacionales, y 2) las "rentísticas", que recaudan escasos impuestos propios, pero se benefician de generosas transferencias federales (y a veces también de regalías petroleras), muy superiores a su aporte impositivo nacional. Provincias como Formosa, La Rioja o Santiago del Estero usan el mayúsculo subsidio que reciben de las demás para financiar burocracias superpobladas, burguesías provinciales dependientes del Estado, y una amplia pauta publicitaria destinada a disciplinar a los medios locales.

En estas provincias los oficialismos nunca pierden elecciones para gobernador, y a menudo las ganan con más del 70% o el 80% de los votos. Estas hazañas electorales de gobernadores como el formoseño Gildo Insfrán son impensables para los oficialismos de distritos no rentísticos como la CABA, Córdoba, Mendoza, o Santa Fe. Hay en estas provincias sociedades civiles independientes del Estado y relaciones de mutua dependencia entre el fisco y los contribuyentes. Y por lo tanto hay democracias competitivas, vibrantes, y con resultados electorales inciertos.

En las provincias rentísticas, en cambio, la hegemonía del oficialismo es abrumadora. Fuera de alguna circunstancia excepcional (como el caso María Soledad en Catamarca), la oposición no tiene chances. Pro porteño, el socialismo santafecino y el justicialismo cordobés sudan cada cuatro años para revalidar un título que no tienen para nada asegurado. Los oficialismos rentísticos, en cambio, aguardan las elecciones venideras con mucha mayor tranquilidad.