El control civil democrático de las fuerzas armadas es una cuestión esencial de la democracia. La urgencia de problemas socio-económicos, las reformas constitucionales y la propia agenda presidencial, tendieron a soslayar esta preocupación por lograr que las fuerzas armadas estén firmemente bajo control de las autoridades civiles debidamente constituidas.

Simultáneamente, se ha diseminado en la región una nueva forma de poder militar de características diferentes a las dictaduras militares. Democracia es un sistema político que garantiza la libre competencia de múltiples partidos y candidatos. Y ellos pueden acceder de forma transparente e institucional a financiación para efectuar sus campañas políticas. En democracia, por lo tanto, son fundamentales los partidos políticos como vehículo de expresión de intereses y formación de alternativas. Los militares no son un partido político. Darles espacios de deliberación y participación política como ciudadanos en armas es un problema para su desempeño profesional.

Las fuerzas armadas son servidores públicos. Son una institución del Estado que tiene una finalidad específica: la defensa de la vida de una población y del territorio que la engloba. Para ello, la sociedad le otorga el monopolio de la fuerza. Como funcionarios del estado, los militares están obligados a cumplir con numerosas y diferenciadas acciones en tiempos de paz y en tiempos de guerra.Las autoridades civiles tienen el mandato y la obligación de conducir el sistema de defensa. La máxima autoridad militar, el/la presidente de la nación, por medio de su ministro/a de defensa, fija las directivas que emanan tanto de los objetivos del Poder Ejecutivo, como de las decisiones consensuadas en el Congreso.

Una confusión que se arrastra desde finales de los años ‘50 proviene de un concepto elaborado por el genial Samuel Huntington. El profesor de Harvard distinguió entre dos tipos de control civil: el objetivo, que refiere a una relación regulada entre el poder político y las fuerzas armadas, que neutraliza políticamente a los militares y los profesionaliza. Segundo, el control civil subjetivo que politiza la institución militar. Las fuerzas armadas dependen del jefe de gobierno, no del Estado. Este segundo tipo me parece un error. No es control una relación politizada entre un jefe de estado y sus fuerzas armadas. Hay cooptación, hay seducción, hay extorsión, hay complicidad, pero no control real. Desde el inicio de la democracia, en Argentina, hubo arriesgadas acciones políticas para subordinar a las fuerzas armadas a las autoridades legítimas. También hubo muchos equívocos. La Defensa no se ha consolidado como una política pública. Al menos se lograron ciertos consensos básicos entre las diferentes fuerzas políticas. Hace pocos años habíamos conseguido que la ciudadanía desconociera el nombre del jefe del ejército. Ahora, nuevamente, está en la primera plana de los diarios. No hay ninguna razón para que en un país democrático su nombre figure en el tope de las noticias. Y sería de mayor normalidad que el ministro de Defensa apareciera cada tanto, no muy seguido, pero no para hacer campaña política, sino para dar buenas nuevas en la organización del sistema de defensa argentino.

(*) Profesora de la UTDT. Autora  de “Sin gloria. La política de defensa en la Argentina” (Eudeba)