Es probable que la negociación entre el gobierno de Colombia presidido por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) haya entrado en una fase clave. Es cierto que se han recrudecido los incidentes y las acciones bélicas entre las fuerzas armadas del Estado y los insurgentes y es evidente que la agenda de diálogo entre las partes se ha estancado. Sin embargo, numerosos estudios sobre la resolución de conflictos muestran y comprueban que en el tramo final de una salida negociada a una confrontación armada interna se incrementan las fricciones en el terreno militar y se dilatan las fórmulas de acuerdo en la mesa política. La ausencia de un cese al fuego bilateral deja abierta la posibilidad de emboscadas y enfrentamientos. Si bien se han firmado compromisos muy relevantes en tres temas -desarrollo agrario integral, participación política y la cuestión de las drogas-, aún están pendientes dos asuntos fundamentales: desmovilización y desarme, por un lado, y víctimas del conflicto y alcance de las sanciones, por el otro. En ese contexto, es importante formular una pregunta básica que involucra a la Argentina: ¿está realmente interesado el Mercosur en el proceso de paz en Colombia y en esta etapa decisiva está dispuesto a mostrar su compromiso político efectivo? Como se sabe, la sede del diálogo gobierno-FARC es La Habana. Noruega y Cuba son los países garantes, mientras que Chile y Venezuela son los países acompañantes. Recientemente la administración del presidente Barack Obama designó a un experimentado diplomático, Bernard Aronson, como Enviado Especial para el seguimiento del proceso. Llamativamente el Mercosur no ha nombrado a una figura de alto prestigio, a modo de Representante Especial, para sumarse a los esfuerzos en marcha. Se podrá decir que los dos principales miembros del grupo localizados en el Cono Sur, Brasil y la Argentina, tienen una serie de desafíos domésticos que les impiden tener una postura más activa. Se podrá argumentar que tres de los miembros -la Argentina, Paraguay y Uruguay- no colindan con Colombia y, por ende, no se ven directamente afectados por las reverberaciones fronterizas del conflicto en aquel país. Se podrá argüir que el caso colombiano es tan intrincado, por su naturaleza prolongada y su carácter degradado, que es mejor mantenerse lo más alejado posible. Y se podrá sostener que si Estados Unidos ha sido un actor clave en los 51 años de lucha armada en Colombia, entonces que sea Washington el que más haga por cerrar el largo capítulo de violencia política en el país andino. Sin embargo, todos esas afirmaciones, que se escuchan con frecuencia en Buenos Aires y Brasilia, atestiguarían la elocuente pérdida de brújula estratégica del Mercosur. La paz en Colombia es esencial para la estabilidad, el bienestar y la autonomía en Suramérica.