Una eventual presencia de la oposición en las sesiones de comisión y plenaria de la Cámara de Diputados dedicadas al proyecto de ley sobre Inteligencia se enmarcaría en lo que ha caracterizado el debate legislativo desde la recuperación de la democracia en 1983: en cuestiones de defensa y seguridad los partidos discuten las leyes con firmeza y grandeza. De hecho, es posible hablar –al menos hasta hoy– de una comunidad epistémica plural en torno de asuntos como la defensa externa, la seguridad interna y la inteligencia nacional. Esto es, hay un abanico social amplio e ideológicamente variopinto de especialistas en la academia, expertos en el sector público, asesores parlamentarios, políticos veteranos y jóvenes, activistas de derechos humanos y a favor de la transparencia, comunicadores informados en la materia e intelectuales reconocidos que han asumido que en temas de gran trascendencia para el Estado y la sociedad es fundamental alcanzar acuerdos básicos para fortalecer la democracia, para evitar una regresión institucional y para asegurar el control político de los militares, las fuerzas de seguridad y los cuerpos de Inteligencia.

Acordar no significa asentir pasivamente. Acordar, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “determinar o resolver de común acuerdo o por mayoría de votos”. Y para acordar es indispensable, previamente, disentir. La ley aún vigente, la 25.520 de 2001, fue producto de un intenso debate entre oficialistas y opositores y de una sutil conciliación de propuestas de modelos distintos. En la Argentina, como en otros países, los proyectos de ley en materias delicadas y complejas han sido sometidos a ajustes, mejoras y compromisos.

La nueva reforma, que no nace de serios defectos de la ley, sino de graves problemas de ejecución, descontrol y falta de rendición de cuentas, ha tenido críticas y enmiendas en su tránsito por el Senado. Ahora que llega a Diputados merece mayor polémica y examen con la presencia activa de opositores. La denuncia de que el proyecto oficial es parte de una farsa, el pre-anuncio de una hipotética derogación futura de la ley de acuerdo a una parte de la oposición que no necesariamente tiene garantizada una victoria legislativa en 2015 y la anticipación de demandas de constitucionalidad antes de que la ley resulte aprobada son ejemplos de tácticas de posicionamiento electoral válidas, pero de escasa responsabilidad política en esta hora. La oposición debiera asistir y explicitar frontalmente sus cuestionamientos, observaciones y contrapropuestas. No se trata de dejar constancia de una queja, sino de presionar, con el legítimo ejercicio de la deliberación, para que la ley sea la mejor posible en un contexto turbulento y en torno de un asunto de vital importancia para el futuro democrático del país.

(*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, U.T.D.T.