Los expertos en temas de inteligencia subrayan una y otra vez que múltiples experiencias históricas han mostrado que reformar los sistemas de inteligencia nacional es un tema complejo y de cuidado.
Se debe evitar debilitar la seguridad del Estado y de la sociedad y, en coyunturas turbulentas, no se deben impulsar alternativas radicales que supongan un cambio tan drástico e inmediato que sea rechazado por las propias agencias y sus funcionarios.
La dificultad de promover reformas obedece a varias razones entre las cuales están la proverbial inercia burocrática, que expresa una aversión a lo nuevo; el desinterés del Ejecutivo que se traduce en convivir con la estructura institucional existente y usufructuar el statu quo en términos de la inteligencia estatal; la ausencia de acuerdo legislativo para impulsar leyes al respecto; y los hábitos culturales, tanto en la sociedad como en el Estado, que tienden a (mal) acostumbrarse al descontrol de los servicios de inteligencia. Es importante comprender este telón de fondo antes de contemplar las características y alcances de un proceso de cambio en el área de inteligencia.
En momentos en que la presidencia ha decidido enviar al Congreso un proyecto de reforma del sistema de inteligencia es fundamental que se esclarezca, mejore y amplíe la calidad del debate público en torno a esa cuestión. Un modo de aportar a este debate es precisando ciertas preguntas y sugiriendo respuestas con una mirada comparativa.
¿Cuál es el detonante que impulsa la iniciativa reformista de un gobierno? Si en Estados Unidos la reforma a la inteligencia aprobada en 2004 fue el resultado directo de lo que se interpretó fueron las fallas para prevenir el ataque terrorista del 11 de setiembre de 2001, en la Argentina, nadie ha sugerido que la muerte del fiscal Alberto Nisman haya sido el resultado de una “falla” del Sistema de Inteligencia (SI).
Lo que se ha sugerido es que el SI (una facción interna) ha tenido algún vínculo directo o indirecto con su enigmático deceso.
En consecuencia, y a diferencia de Estados Unidos donde por la falla del sistema se debió re-estructurar significativamente el esquema de inteligencia y con ello modificar leyes de la lucha contra el terrorismo, la reforma argentina debiera ser menos ambiciosa y más congruente con el origen del problema identificado, a saber; la autonomización de los servicios, las prácticas ilegales, el modus operandi mafioso, la falta de transparencia, la nula exigencia de rendición de cuentas, y el pobre control político.
¿Cómo se llega a la decisión de reformar los servicios de inteligencia? En Gran Bretaña, los cambios impulsados en 2009 estuvieron antecedidos de informes y foros.
El caso del MI6 (Servicio de Inteligencia Secreto) que en 2002 tomó por cierto el dato de un taxista en Iraq que informó que Saddam Husein podía atacar en apenas 45 minutos con armas de destrucción masiva y el atentado terrorista en Londres de 2005 motivaron estudios, audiencias y análisis empíricos sobre los defectos en materia de inteligencia y la relevancia de hacer modificaciones.
En la Argentina, sin informes rigurosos, sin sesiones legislativas especiales, sin trabajos sustentados en evidencias y sin que se conozcan los autores de la ley, se presentó un proyecto que, según voces autorizadas que asistieron al Senado, tiene defectos que reflejan, entre otras, improvisación.
¿De qué modo se tramitan propuestas parlamentarias de reforma en el terreno de la inteligencia? Urbi et orbi los diálogos y las discusiones legislativas son dilatadas e intensas, muchas veces se aprueban leyes después de sesiones tensas y extendidas pues el objeto es doble: por una parte, alcanzar una ley operativa y por otra, asegurar el tiempo de implementación de los cambios. La reforma en inteligencia de 2004 en Estados Unidos atravesó varias fases (política, legal, administrativa, tecnológica) y solo puede decirse que en 2009 se completó el proceso de adaptación y modificación. En la Argentina se quiere sustituir el SI por una nueva Agencia Federal de Inteligencia como si fuese una tarea sencilla y expeditiva. De hecho, le convendría al Ejecutivo propiciar una ampliación del debate legislativo para ir adoptando, gradualmente, las medidas administrativas indispensables para que una vez se cuente con la ley, se pueda llevar a cabo una reforma creíble y eficaz del sistema de inteligencia.
¿Quiénes respaldan una estrategia de reforma en el campo de la inteligencia? Lo habitual y elemental es contar con el consenso de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso. Eso no garantiza, per se, el éxito del cambio pero sí refuerza el poder del Ejecutivo para implementar las modificaciones necesarias, asegura el compromiso de la oposición para la supervisión política de los servicios de inteligencia y facilita la confianza ciudadana en la transformación emprendida.
En la Argentina, y hasta el momento en que escribo estás líneas, la verticalidad del oficialismo y la inmadurez de la oposición pueden derivar en la aprobación de una ley mediocre. A menor debate, peor ley.
En suma, presentar, discutir y acordar una ley de reforma en el área de inteligencia es demasiado significativo como para no aprender de otras experiencias: un cambio inteligente, razonable y sostenible es deseable y es posible, pero lo que se está advirtiendo es uno marcado por la rapidez, la unilateralidad y la obstrucción, siempre sinónimos de fragilidad e infectividad.