Es usual en el mundo, la región y nuestro país la elaboración del llamado Libro Blanco de la Defensa Nacional. De hecho, la Argentina está en proceso de presentar su tercer Libro Blanco. Allí se hacen explícitos los principales lineamientos del sistema y de la política de defensa del país con el propósito de hacer transparente y previsible la estrategia nacional e internacional en ese ámbito. Confianza, credibilidad y coherencia son pilares esenciales de este tipo de documentos. Ahora bien, lo que es inhabitual es la confección de un Libro Blanco de los Derechos Humanos. Una excepción la constituye Noruega, país que acaba de presentar —después de 15 años- uno nuevo. Éste se enmarca en la convicción noruega de que la brecha entre los derechos humanos y la práctica concreta se ha venido ampliando, al tiempo que Oslo procura hacer consistente su defensa de los derechos humanos en el plano doméstico con su promoción en el terreno internacional.

En ese sentido, podría ser valioso que la Argentina se constituya en el primer país de Latinoamérica en formular un Libro Blanco de los Derechos Humanos. Hay un conjunto de razones de orden interno, continental y global que justifican tal emprendimiento. Primero, y más allá de matices en la gestión, de tonos en el discurso y de nivel de activismo, el país detenta un patrimonio común y positivo en derechos humanos desde 1983 hasta hoy. No se la pregona como tal pero sí ha sido evidente una política de Estado en ese frente en 31 años de democracia. Sin embargo, hoy hay actores políticos que insinúan un cambio de rumbo. Cuando se sugiere que las fuerzas armadas se involucren en asuntos de seguridad interna como es el freno al narcotráfico y se indica que el tiempo de los derechos humanos ya pasó, se intenta erosionar un consenso básico que ha sido multipartidista, pluri-sectorial y trans-generacional.

Segundo, la situación continental en derechos humanos es delicada. El sistema interamericano ha quedado maltrecho con el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ya en los 90’s Trinidad y Tobago y Perú habían denunciando la Convención Interamericana en DD.HH.); el Informe del Senado de EE.UU. sobre las torturas practicadas por la CIA pone en entredicho la política de derechos humanos de Washington; la crisis humanitaria en Colombia no ha cedido de modo significativo a pesar del diálogo de paz entre el gobierno y las FARC; y México y Centroamérica son testigos de flagrantes violaciones de los derechos humanos como producto tanto de las prácticas estatales como de la ferocidad del crimen organizado. En este cuadro, es clave que Argentina se comprometa más en la legitimación de los derechos humanos.

Y tercero, en el mundo abundan los “puntos calientes” conflictivos donde se vulneran los derechos fundamentales en medio de un debilitamiento del multilateralismo. Así, la Argentina debiera involucrarse aún más, con recursos y propuestas, en la salvaguarda del régimen internacional de derechos humanos.

En breve, un Libro Blanco en la materia sería fundamental para eludir una regresión interna, estimular avances en la región y aportar en el campo mundial.

 (*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de UTDT