La mayor visibilidad del fenómeno de las drogas y la creciente preocupación de la opinión pública al respecto han hecho aflorar, otra vez, dos subculturas siempre latentes y con frecuencia explicitadas en la Argentina: el rápido llamado a la "mano dura" y la simplista argumentación de que el meollo de un problema del país se ubica en elementos externos a él. La combinación de ambas posturas se sintetiza en el maltrato y la estigmatización.

Quienes estimulan esta actitud se nutren de las genuinas inquietudes de la sociedad frente a los delitos y, a su turno, exacerban indebidamente los miedos ciudadanos. Presumen, asimismo, que con sus argumentos y propuestas defienden mejor al país de fuerzas oscuras provenientes del exterior. A su vez, y más allá de ciertas sutilezas en la retórica, apuntan a castigar antes que a proteger y a reprimir antes que a sanar. En materia de drogas, son cruzados de una causa cultural que procura la abstinencia plena y detecta enemigos externos por doquier.

Altos funcionarios en ejercicio o retiro; personalidades políticas con ambición de alcanzar el Ejecutivo, legisladores ávidos de réditos electorales, políticos provinciales que procuran soluciones efectistas, comentaristas y observadores con influencia en los medios de comunicación, estudiosos que opacan su expertise con sus preferencias ideológicas, demagogos de turno, entre otros, vienen agitando la idea de que la Argentina se debe sumar a la "guerra contra las drogas". Así, auspician iniciativas como una ley de derribo de aviones, la revisión de varias leyes vigentes en aras de contar con una legislación más punitiva para erradicar el "flagelo de los narcóticos", el involucramiento de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna para perseguir supuestamente de manera más eficaz al narcotráfico, entre otras propuestas. Poco caso hacen a las evidencias de fracaso de estas medidas en otras latitudes.

En días recientes, y con apenas ligeras variaciones de tono, esas voces han identificado al perfecto enemigo externo en materia de drogas: Colombia. Los "extranjeros" que trajeron el crimen organizado a un país que, al parecer, no tenía redes mafiosas locales. No se limitan a acusarlos genéricamente de los problemas propios, sino que subrayan la exigencia de expulsarlos. Demandan medidas drásticas, reformas legales y procesos judiciales expeditivos.

Al promover esta postura muestran, de hecho, un profundo desconocimiento del fenómeno de las drogas. Cada país tiene el narcotráfico que deja florecer. Ni la realidad colombiana ni la de otros países afectados severamente por la cuestión de las drogas pueden entenderse fuera de un contexto histórico, social y político específico, ni pueden replicarse, con facilidad y similitud, en otros entornos. La Argentina tiene el problema de las drogas, que permitió avanzar; en el que policías, políticos y pandillas (nuestra Triple P) forjaron una coalición criminal que hoy ganó en autonomía relativa y desborda, en algunos espacios territoriales, la capacidad de respuesta de un Estado parcialmente capturado por intereses privados lícitos e ilícitos.

Si el asunto de las drogas refleja la dinámica de oferta y demanda, es imperativo examinar más y mejor cómo, cuándo y a través de quiénes la Argentina se ha constituido en polo de atracción para que el narcotráfico se asentara durante varios lustros sin que el poder político y económico parecieran advertirlo: siempre hay que recordar que la deserción parcial del Estado y el afán de lucro ligero de algunos empresarios coexisten y refuerzan el avance político y la penetración social de los narcotraficantes.

El tema es demasiado importante y preocupante para situar las responsabilidades afuera: eso no sólo no es creíble, también constituye un error estratégico a los fines de resolver gradual y efectivamente los evidentes problemas que vive el país en materia de drogas.

Si el asunto de las drogas refleja la dinámica de oferta y demanda, es imperativo examinar más y mejor cómo, cuándo y a través de quiénes la Argentina se ha constituido en polo de atracción para que el narcotráfico se asentara durante varios lustros sin que el poder político y económico parecieran advertirlo

La dimensión de la geopolítica de las drogas es esencial para entender la evolución histórica y los retos próximos que enfrenta la Argentina. El país -y las organizaciones criminales nacionales en alianza con otros conglomerados transnacionales-es una pieza en un ajedrez más complejo y cambiante que se nutre de la ilegalidad del negocio, de sus enormes ganancias y de los nichos globales que permiten, con relativa sencillez, el lavado de activos ilícitos. Es realmente llamativo que se escriba recurrentemente, casi con admiración, cómo los argentinos sacan miles de millones hacia el exterior -y episódicamente reingresan- y nadie se pregunte si algunas de esas fortunas que salen del país tiene vínculos con el narcotráfico.

La actual campaña antiextranjera y esencialmente anticolombiana parece tener un múltiple y espurio propósito: endurecer la legislación para que se vulneren los avances de la ley de migraciones de 2004; buscar un efecto simbólico mediante el cual algunos sectores del Gobierno muestren su férreo compromiso antidrogas, y aclimatar, según los objetivos de ciertos sectores de la oposición, un preámbulo político a favor de sumar a la Argentina, por fin, a la "guerra contra las drogas".

Nada de eso constituye una política seria frente al problema. La estigmatización, además de obstruir la deliberación razonada, refuerza la ausencia de una estrategia integral y así allana el espacio para que el poder del narcotráfico se siga instalando cómodamente en el país.

(*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la UTDT