No parece buena idea elegir este verano el balneario mexicano de Acapulco para las vacaciones. Esa ciudad, la más poblada del Estado de Guerrero, en el sur azteca, está a poco más de doscientos kilómetros de una localidad llamada Iguala de la Independencia, muy cerca de donde aparecieron fosas comunes que se presume contienen los restos calcinados de 43 estudiantes mexicanos secuestrados y asesinados por la complicidad entre políticos, policías y sicarios del narcotráfico.

La historia de lo que ocurre desde el 26 de septiembre en esa región del Estado de Guerrero, a no más de dos horas y media en auto del Distrito Federal mexicano, es tan increíble que si el genial Gabriel García Márquez viviese tendría elementos de sobra para escribir otra gran novela de realismo mágico.

Ya no es el barco de los enamorados en "El amor en los tiempos del cólera" o el relato sobre las distintas generaciones de la familia Buendía en "Cien años de Soledad". Se trata de la terrible situación de un país que no advirtió a tiempo el peligro del narcotráfico. Hoy, buena parte de las fuerzas de seguridad, la política y la Justicia mexicanas están corrompidas por los carteles de la droga, que cometen centenares de crímenes anuales en las luchas entre bandas por el control territorial del negocio, que asesinan a periodistas que revelan su accionar mafioso y que eliminan a políticos y jueces que no les son funcionales a sus intereses.

El terrible episodio que sacude a México comenzó cuando a fines de septiembre cerca de cien estudiantes de una escuela rural que forma docentes, ubicada a 126 kilómetros de Iguala de la Independencia, tomaron por la fuerza dos colectivos para dirigirse a esa ciudad a recaudar fondos para el establecimiento y luego viajar a Ciudad de México a un acto en conmemoración de la matanza de estudiantes y otros civiles, hace varias décadas, en Tlatelolco.

El intendente de Iguala, José Luis Abarca, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio la orden a la policía de impedir la llegada de los alumnos, que fueron reprimidos a los tiros. Varios de ellos murieron y otros lograron esquivar la represión, pero 43 estudiantes fueron reducidos por las fuerzas de seguridad y entregados sin más trámite a sicarios de Guerreros Unidos, una de las bandas de narcotraficantes de la región, que los llevaron a un basurero en la localidad cercana de Cocula, a 22 kilómetros de Iguala. Alrededor de quince de los 43 alumnos secuestrados llegaron muertos porque sufrieron asfixia durante el traslado en un camión y una camioneta. Los sobrevivientes fueron ejecutados con un disparo en la nuca (antes les preguntaban para qué banda narco trabajaban, cosa que negaban) y luego incinerados, con lo que la identificación de los pocos restos que se encontraron es muy difícil. Esta información de lo aparentemente sucedido con los 43 estudiantes fue reconstruida en base a los testimonios de varios sicarios que participaron de la matanza y que ahora están detenidos. También por las declaraciones de 22 policías de la ciudad de Iguala arrestados por ser socios de las bandas criminales y que por eso les entregaron a los jóvenes para su ejecución. Uno de los sicarios detenidos reveló que recibió la indicación telefónica del jefe del cartel narco de ejecutar a los estudiantes porque creían que trabajan para una banda rival, cosa que es verosímil ante las preguntas que les hicieron a los alumnos antes de asesinarlos.

Pero la historia tiene aún más condimentos. El intendente Abarca, quien ordenó detener a los alumnos, se fugó de la ciudad junto a su mujer, María de los Angeles Pineda, hermana de tres conocidos narcos de la región y con aspiraciones a suceder a su marido y convertirse en 2015 en la intendenta de Iguala. La "pareja imperial", como se la conoce, fue arrestada varios días después en un escondite en la ciudad de México.

La Fiscalía mexicana que investiga el caso sospecha que los estudiantes fueron reprimidos por orden del intendente de Iguala debido a que temía que interfirieran y bloquearan un acto político de su esposa que se desarrollaba ese día.

De cómo terminó todo en una masacre masiva está aún por determinarse, pero lo que sí no quedan dudas es la vinculación en esa región mexicana, como en otras, entre las bandas narcos con el poder político, las fuerzas de seguridad y la Justicia que nunca intervenía ante lo evidente de esa relación.

Según Eduardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia de Nueva York y especialista en la materia, el 72 por ciento de los 2.440 municipios aztecas están infiltrados por el narcotráfico.

Mientras tanto, México vive una de sus peores crisis políticas en décadas y está sometida a la presión de los padres de los 43 estudiantes que con razón no aceptan que sus hijos sean declarados muertos hasta no recibir pruebas contundentes.

¿Lo que se viene? La Argentina todavía se ubica a muchos escalones de distancia de lo que sucede en México, pero no por eso está inmune a seguir su dramático camino. En una reciente entrevista con La Capital, el politólogo Sergio Berensztein, profesor investigador de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, dijo que "si no se reacciona en diez años la Argentina se convierte en un narco-Estado".

Conocedor de la historia mexicana en relación al narcotráfico, Berensztein fue aún más allá: "La sociedad argentina no toma conciencia de eventos que parecen hechos aislados, pero que están entrelazados". Y sobre los gobiernos, los acusó a todos por igual, antes y ahora, de una "actitud de desidia, con lo que los narcos se terminan colando porque tienen la capacidad de corromperlo todo y cooptar a miembros del Estado, burócratas, policías y jueces".

Uno de los comentarios más escuchados, por lo bajo, entre las fuerzas federales que llegaron a Rosario hace varios meses es que en la ciudad no hubo que disparar ni un solo tiro para terminar con los bunkers de venta de droga ni para diezmar a las bandas narcos de los barrios, como sí sucede en el Gran Buenos Aires donde el poder de fuego y la resistencia son mayores. Con presencia de fuerzas de seguridad no contaminadas se logró contener en Rosario una situación que venía en ascenso, aunque eso no signifique que los grupos narcos no sigan vengando sus muertos en ejecuciones estridentes o que la venta de droga haya disminuido. La violencia que genera el narcotráfico es un fenómeno imparable en el mundo, pero lo que se trata es de contenerlo para que no llegue en estas latitudes a los niveles mexicanos.

Sin embargo, generalmente se aborda la cuestión únicamente desde el punto de vista de la represión al narcotráfico, acción que el Estado sin duda debe emprender y con decisión. Pero no se contempla en su verdadera dimensión otro aspecto decisivo: para que el negocio de la droga exista y florezca debe haber una población necesitada que la consuma. Para evitar que el país se convierta en un narco-Estado en una década hay otras variables a tener en cuenta, además de considerar la legalización de las substancias más blandas. El combate a las condiciones sociales de marginalidad, donde fácilmente se encuentran personajes dispuestos a ingresar al negocio de la distribución, una política educativa exclusiva sobre el tema en los colegios o el intento de reinserción social de miles y miles de jóvenes que sin objetivos ni nada que perder en la vida encuentran en la droga una salida artificial a sus crónicas dificultades, podrían ser otras opciones.

Si hay consumo,habrá narcotráfico.Y la Argentina está aún a tiempo de cortar esa dramática correlación para no aportar historias como las de México, donde la realidad supera a lo mágico.

Por Jorge Levit