El tema de las drogas está instalado en el país. Ahora se trata de definir estratégicamente cómo y para qué abordarlo.

Por un lado, está el paradigma prevaleciente que se sustenta en la lógica de "guerra contra las drogas", y apunta a una abstinencia plena y pronta. Este paradigma, sin embargo, socava la democracia, debilita el Estado, distorsiona el mercado y resquebraja a la sociedad. Por otro lado, está el paradigma alternativo que se basa en la lógica de la "regulación modulada" y pretende, en el marco de la defensa de la democracia, la legitimidad del Estado, la transparencia del mercado y la salvaguarda de los menos poderosos, reducir los efectos nocivos, individuales y colectivos, de las drogas. Aunque a primera vista la diferencia entre ambos se ubicaría en la identificación partidista de las personas que defienden cada paradigma, en realidad, el asunto es más complejo.

En el mundo, un heterogéneo abanico compuesto por varios liberales económicos, algunos conservadores políticos, múltiples progresistas sociales, distintos libertarios filosóficos, muchos reformistas legales e importantes personalidades de la cultura, la ciencia y los negocios se manifiestan a favor del enfoque alternativo. Incluso en el ámbito religioso hay señales interesantes: según una encuesta de abril de 2013 del US Public Religion Research Institute, el 50% de los cristianos jóvenes en EE.UU. "favorece la legalización de la marihuana". Sobresale así una coincidencia transversal y generacional acerca del demérito de una cruzada antinarcóticos.

En la Argentina, el dilema entre estos dos modos de abordar el tema de las drogas está en juego. Establecer una estrategia integral es un ideal compartido entre ambos, pero ése es el único punto común. Las diferencias han sido y son vastas: para unos, la lucha antidrogas es, parafraseando a Rudolf Virchow, parte de una "kulturkampf", de un combate cultural. Para otros, el mayor reto es moderar el uso de drogas, reducir los costos humanos del consumo y evitar que la renta formidable continúe en manos de organizaciones criminales. En suma, no hay convergencia entre las dos lógicas. Lo fundamental es que, mediante la persuasión y la práctica, se pueda reducir la coalición de los "guerreros" y ampliar la coalición de los "reguladores". Si los "reguladores" quieren pasar a la ofensiva y captar a algunos ex "guerreros", es prioritario que expliciten un catálogo básico de principios que sea capaz de gestar un fuerte consenso en la sociedad a favor de un paradigma alternativo. A ese fin se pueden enumerar algunos fundamentos.

Primero, fortalecer el Estado. Hacer frente a las drogas exige incrementar y mejorar las capacidades civiles del Estado. A menor Estado, más criminalidad organizada o desorganizada. Un Estado más debilitado se convierte, más temprano que tarde, en un Estado capturado por el poder narco. Un Estado dotado y apto desarrolla políticas públicas sólidas y sostenibles, en especial hacia la delincuencia, esté o no ligada al negocio de las drogas.

Segundo, proteger a los más afectados. Una buena política antidrogas no pasa por castigar a más individuos y grupos, sino por reconocer a los más perjudicados y vulnerables, y apuntar a su protección. Estos últimos carecen de atributos de poder y son objeto ocasional de discursos, pero no son sujetos claves de atención. Sancionar y aumentar penas parece ofrecer dividendos electorales; prevenir y sanar parecería no generar lo mismo. Invertir esta dinámica es primordial.

Tercero, contener el fenómeno. La meta de erradicar completamente las drogas es irrealizable y peligrosa. La contención no es sinónimo de derrota, sino signo de realismo. Como afirmó Henry Barrett Chamberlin, quien fue responsable de la Chicago Crime Commission en los años 30, "el crimen organizado nunca será eliminado, pero sí puede ser minimizado y controlado". De eso se trata: reducir el avance y atenuar el impacto del narcotráfico.

Cuarto, reafirmar la cohesión ciudadana. El negocio de las drogas es muy tentador por la riqueza abundante que produce. Asimismo, el consumo abusivo se manifiesta en áreas y grupos que han padecido la falta de oportunidades y las fracturas sociales. Ante ese doble desafío es clave propiciar medidas e implementar acciones que recuperen la solidaridad y reviertan la desigualdad.

Quinto, revaluar las políticas. Uno de los graves errores de los cruzados antidrogas es la inflexibilidad: piensan que a punta de reprimir algún día la estrategia funcionará. Una perspectiva distinta debe partir de la noción de que la evidencia es una guía para el diseño de políticas sobre las drogas, que la experimentación con nuevas propuestas es fundamental, que las iniciativas deben estar sometidas al escrutinio y que los ajustes son indispensables para elevar la calidad de la gestión en la materia.

Y sexto, deliberar sobre el tema. Negar la existencia de un problema es un desacierto. Ello conduce, inadvertidamente, a que se imponga la mano dura: militarizar la política antidrogas, elevar el presupuesto para combatir la oferta y aumentar el encarcelamiento de los jóvenes. La deliberación ayuda a desacreditar esa tentación y contribuye a fijar una estrategia diferente.

Así, estos principios pueden constituir un marco de referencia para ensanchar y fortalecer una coalición a favor de la "regulación modulada".

(*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales