Se cumplen 20 años del atentado a la AMIA. Para que no persista la impunidad que lacera a los familiares de las víctimas y ofende a la sociedad sería indispensable un nuevo papel de la Corte Suprema en el asunto. La declaración de inconstitucionalidad por parte de la Cámara Federal el pasado 15 de mayo del Memorándum entre la Argentina e Irán para el esclarecimiento de aquel atentado puede constituirse en una oportunidad al respecto.

Si para el Ejecutivo el Memorándum significaba un paso adelante que rompía con la inercia de impunidad en que había quedado el ataque, para los jueces de la Cámara Federal éste no mejoraba el "statu quo existente en la causa… sino… que lo posterga indefinidamente". El Memorándum establece una Comisión de la Verdad que debería concluir un informe con base en las evidencias aportadas por las partes. Su misión no es auscultar pruebas e impartir justicia, sino manifestar "su visión" y emitir recomendaciones que "ambas partes tendrán en cuenta". Para el Gobierno el funcionamiento de la Comisión no entorpece las tareas, atribuciones y funciones de la justicia nacional.

Los jueces de la Cámara, cuestionando políticamente la "negociación alcanzada", estiman que la Comisión de la Verdad tiene todo tipo de defectos ( atributos, metas, alcance temporal, etc.) y sus recomendaciones afectan la labor del Ministerio Público y la salvaguarda de los derechos de las víctimas.

Ambos, el Gobierno según su propósito expresado en 2013, y los jueces de la Cámara en su decisión de 2014, abogan por el valor de la cooperación judicial para esclarecer lo sucedido. Sin embargo, no coinciden en la validez y utilidad de la Comisión para lograrlo. En esencia, Ejecutivo y Cámara remiten sus argumentos a la eventual efectividad de la Comisión de la Verdad.

Ahora que el caso llega a la Corte Suprema, la deliberación sobre el atentado mismo y el alcance efectivo del Memorándum se podrían ampliar en profundidad y mejorar en calidad.

Una audiencia pública sería fundamental. De hecho constituiría la primera en la que se aborde un asunto vinculado a un acto terrorista y a las relaciones exteriores del país. La opinión pública y el Estado se verían beneficiados por un fallo del tribunal: la Corte Suprema ya ha dado muestras de que sus decisiones ganan en legitimidad y firmeza gracias a aquel mecanismo público.

Una audiencia sobre la constitucionalidad del Memorándum podría ser una clara contribución para no dejar en la impunidad este atentado que, en un sentido más hondo, pone de manifiesto el estado de nuestra democracia.

El centro de la atención sigue siendo las víctimas y el punto primordial debiera ser el juzgamiento de los ejecutores locales y sus autores intelectuales del exterior.

(*) Director del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales