Di Tella en los medios
La Nación
12/03/10

Creer en la división de poderes

Por Roberto Gargarella

Roberto Gargarella

Al inaugurar el período legislativo de este año, la presidenta Cristina Fernández sostuvo: "Nunca que perdí una votación fui a ver a un juez o a demandar a la Justicia para que me diera los votos que no pude conseguir en este recinto. Creo en serio en la división de poderes". La frase es equivocada y peligrosa, sobre todo al ser pronunciada en un momento tan importante como el del comienzo de las sesiones parlamentarias, y en un ámbito tan especial como el Congreso.

No se trata, solamente, de que la teoría de la división de poderes (cualquiera que sea la versión de esa división en que se esté pensando) autoriza a un poder, por ejemplo, a la Justicia, a frenar las acciones del otro, sino que, normalmente, exige que así lo haga, para impedir los posibles abusos y excesos de las restantes ramas del gobierno.

En efecto: aun las visiones más limitadas de la división de poderes, como la que rigió en Francia apenas después de la revolución de 1789, se abrían al ejercicio de controles entre las distintas secciones del poder (por ejemplo, del Poder Judicial frente al Legislativo), aunque se dejara en claro siempre la superioridad última del Congreso. El Poder Judicial, en ese caso, se contentaba con reenviar al Congreso las normas que consideraba impugnables o contrarias a la Constitución.

Algo similar se había pensado en el radical estado de Pensilvania, en 1776. Se hablaba, entonces, de una "estricta división de poderes", que, a la vez que preservaba la voluntad del órgano legislativo como máxima e insuperable autoridad nacional, aceptaba la existencia de controles provenientes desde fuera del ámbito político (en el caso de Pensilvania, a través de un Consejo Constitucional).

Nuestro país participa, mientras tanto, de otra tradición institucional, vinculada con el constitucionalismo norteamericano, y que es la que ha creado el sistema de frenos y contrapesos. La esencia misma de esta tradición se relaciona con la existencia de controles mutuos entre las distintas ramas del poder. Cada poder está donde está y goza de los poderes de los que goza (control judicial, veto ejecutivo, insistencia legislativa, juicio político), exactamente para eso: para ponerle límites al poder que tiene al lado.

Si en el sistema de estricta división de poderes se preservan los controles sobre la política, mientras que el Congreso permanece como autoridad política principal, en el nuestro, el de los frenos y contrapesos, la idea es que los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se encuentran en un mismo plano de autoridad y tienen por primera obligación impedir las opresiones del otro.

Algunas aclaraciones sobre lo dicho. En primer lugar, defender este exigente sistema de "mutuos controles" entre los distintos poderes no significa de ningún modo avalar el obstruccionismo de un poder sobre los demás. Es decir: no se aboga aquí por una situación en donde cada rama del poder "juega" a ponerles trabas a las restantes. Se alude a lo que todos sabemos, y que es lo mismo que recogen nuestras instituciones: jueces y políticos tienen, como decía James Madison, "los medios institucionales y las motivaciones personales" para vigilarse mutuamente, en pos del bien común. Y eso es lo que deben hacer, dándose y dándonos razones públicas que justifiquen lo que hacen.

En segundo lugar, el hecho de que un legislador recurra a la Justicia es legal y legítimo, pero además puede ser imprescindible en ciertos contextos. Claramente, eso es lo que ocurre cuando las autoridades nacionales ignoran al Congreso o, en desafío al sentido común democrático, no le permiten reunirse, como fue nuestro caso, cuando la Presidenta se negó irrazonablemente a convocar a extraordinarias, mientras firmaba decretos de necesidad y urgencia sobre la base de que el Congreso no estaba en funciones.

En definitiva, tomarse en serio la división de poderes de ningún modo nos debe llevar a impugnar los controles institucionales o el recurso a la Justicia. Resulta obvio: cuantas menos oportunidades políticas tengamos para expresar nuestra voz, exigir cambios y hacer responsables a nuestras autoridades políticas, más espacio va a ganar la vía judicial como forma de concretar nuestras exigencias. En eso, y nada más que en eso, consiste la tan proclamada y pobre idea de la "judicialización de la política".

De lo que se trata, entonces, no es de asumir nociones extravagantes sobre la división de poderes. Si lo que queremos es que el Poder Judicial ocupe un espacio más estrecho, lo que necesitamos es devolverle su lugar al Congreso, dejar más lugar para la participación ciudadana y abrir, en lugar de seguir cerrando, las llaves de la política democrática.

El autor es abogado y sociólogo. Es investigador del Conicet.

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